Por Lorena Direnzo
Ulises Falabella nació en El Palomar, al oeste de Buenos Aires, donde funciona la sede de la Brigada de la Fuerza Aérea. Ese predio fue donado por la familia del aviador Jorge Newbery exclusivamente para el uso de la institución. A Ulises no le fue ajeno el lugar donde se crió y cuando terminó el secundario, se imaginó técnico aeronáutico porque, según dice, siempre le apasionó la mecánica.
«Es como cuando llevas a hacer el service de tu auto, salvando las diferencias. Tenemos que mantener los aviones en condiciones de vuelo, de aeronavegabilidad. Cada aeronave tiene un plan de mantenimiento establecido por el fabricante y cada operador debe seguir ese plan», cuenta este hombre de 42 años que cursó sus estudios en el Instituto Nacional de Aviación Civil de Morón, donde nada le faltaba a los estudiantes fascinados por inmiscuirse en el mundo de las aeronaves.
Doce años atrás, se radicó en Salta y desde hace tan solo 6 trabaja como docente. Fue en ese momento cuando se percató que la realidad de las escuelas de las provincias difería en gran medida de las instituciones de Buenos Aires.
«En el interior hay mucho faltante, material obsoleto que ya no funciona. Supe que estábamos jugando en desventaja y que los chicos no tenían las mismas oportunidades que las escuelas de Buenos Aires», reconoce.
De repente, se le ocurrió una idea: así como se ven cementerios de autos y camiones secuestrados por causas penales, también hay aviones que no volverán a volar. Ulises pensó que esas aeronaves en desuso o secuestradas por la justicia podrían servir para equipar a la escuela donde trabajaba. Con ellas los alumnos podrían realizar sus prácticas profesionalizantes. Lo que parecía algo imposible, se concretó.
El primer avión
Una noticia en los medios de comunicación locales disparó la idea. En 2015, una avioneta Cessna fue secuestrada al aterrizar en una pista clandestina de la localidad salteña de Joaquín V. González, con más de 300 kilos de cocaína. Esa aeronave, de origen norteamericana y construida en 1978, ya había protagonizado otro hecho vinculado al narcotráfico en Bolivia en 2009.
«Fueron cien puertas que golpeé hasta que los fui ablandando. Creo que les gané por cansancio», dice sonriendo Ulises que hoy además, integra la Junta de Seguridad en el Transporte abocada a indagar sobre los accidentes en la aviación.
En 2021, logró que la Corte Suprema de Justicia, junto al Ministerio de Seguridad de Salta, autorizara que la avioneta secuestrada tuviese como destino a la Escuela Técnica Aeronáutica 3144 Capitán Marcelo Pedro Lotufo. «Entendieron que, de otra manera, solo iba a juntar tierra y que con nuestro pedido pretendíamos darle un buen uso», admite.
En marzo del 2023, se dio el segundo caso. La Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar) y la Policía Federal impidieron una fuga del rosarino Esteban Lindor Alvarado de la cárcel de Ezeiza. Pretendía escaparse con un helicóptero que tenía previsto descender en el campo de deportes de la prisión. Esa aeronave también fue destinada a la escuela de Salta.
«Cuando fui a buscar ese helicóptero, volé con la gente de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y propuse una mesa de trabajo con entidades nacionales», asegura. De esa forma, el objetivo se ampliaba y pasaba a contemplar al resto de las 13 escuelas técnicas aeronáuticas del país, a través de una iniciativa de la Junta de Seguridad en el Transporte, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial (Cpiaye) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«Ahora, cuando uno va con algún pedido por alguna escuela y se muestran los antecedentes, el juez ya entiende de qué estamos hablando», acota.
Hasta el momento, se entregaron 7 aeronaves a 6 escuelas de Bahía Blanca, Misiones, Chaco, San Luis, Paraná y Salta. Aún restan las escuelas de Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Son aeronaves de pequeño porte, de menos de 5.700 kilos, de entre 4 a 6 plazas. «Hemos encontrado aviones que están judicializados desde hace 13 años. Hay muchos juicios que ya se cerraron. Por ahora, todos los aviones que conseguimos están vinculados a causas de narcotráfico», resalta.
Aviones abandonados
El problema de un avión que registra un ingreso ilegal al país, advierte el especialista, es que no puede recuperar su condición de aeronavegabilidad. «No lo podés volver a volar: debe contar con documentación sobre la trazabilidad de vida de ese avión, desde que salió de la fábrica», detalla Ulises y aclara que «todo eso no suele estar porque la aeronave se está usando de manera ilícita». La mayoría son aeronaves con matrícula extranjera o declaradas como robadas. Y suelen operar, sobrecargadas de peso.
«Entonces -agrega-, si alguien pretende usar esa aeronave, debe realizar una recorrida general de motor y planeador. Eso, en costo, sale más caro que traer un avión en vuelo desde afuera con papeles, en regla. Entonces, por una razón técnica terminan abandonados».
Cómo nace la idea
Los aviones no pasan a ser propiedad de la escuela sino que la institución es depositaria judicial de ese bien. Está en su custodia.
Ulises explica que es sumamente difícil obtener material aeronáutico: «No es como conseguir el motor de un auto. Es una especialidad linda, pero cara y es complicado conseguir material didáctico. Lo que se consigue no funciona, está reparado. Entonces, no se pueden hacer prácticas funcionales reales».
A partir de esta iniciativa, la práctica comienza no bien se obtiene la autorización para acceder a la aeronave. ¿Cómo? «Ya para trasladarla hasta la escuela, hay que desarmarla, sacarle las alas y la cola y, luego volver a armarla. Eso ya es una practica en sí misma. Desde el primer año hasta el último, los estudiantes aprenden a identificar los componentes, cómo se unen unos con otros para que todo funcione: lo que uno podría contarles o mostrarles con la mano, lo ven en un avión entero y cómo funciona», detalla.
Puso como ejemplo, el accidente de una aeronave en Chaco en el verano de 2024. En esa oportunidad, se logró que los estudiantes de la escuela de aeronáutica concurrieran directamente al lugar del accidente donde lo desarmaron y lo cargaron en el camión para llevarlo hasta la escuela.
«Se hizo una lista de prioridades de las escuelas con el Consejo de Ingeniería Aeronáutico y se está tratando de entregar en ese orden. A veces, nos saltamos el orden por una cuestión logística. Si apareció un avión a 300 kilómetros de una escuela, por ejemplo, no lo voy a llevar otros 2.000 kilómetros. El único desafío es que reciban principalmente las escuelas del interior», señala.
El último secuestro de un avión se dio en Corrientes porque se quedó sin combustible y lo dejaron abandonado en una ruta. El traslado se concretó a una escuela de San Luis.